Por Redacción Judicial | 28 de abril de 2026
En un giro determinante para el mercado de trabajo en Argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo decidió que la reforma laboral impulsada por el Gobierno vuelva a tener plena vigencia en todo el territorio nacional. El fallo, firmado el pasado 23 de abril, dejó sin efecto la medida cautelar que mantenía suspendidos más de 80 artículos de la Ley de Modernización Laboral N° 27.802.
La resolución judicial representa un triunfo estratégico para el Poder Ejecutivo, ya que permite la aplicación inmediata de cambios estructurales en las relaciones laborales mientras se resuelve la cuestión de fondo sobre la constitucionalidad de la norma.
Los puntos clave del fallo judicial
Efecto Suspensivo: La Cámara otorgó «efecto suspensivo» al recurso de apelación presentado por el Estado Nacional, lo que significa que la suspensión previa dictada por el juez de primera instancia Raúl Ojeda queda anulada hasta nuevo aviso.
Cambio de Fuero: En una decisión complementaria conocida hoy, la justicia resolvió que las apelaciones de la central obrera se tramiten en el fuero contencioso administrativo y no en el laboral, apartando a este último de la causa principal.
Celebración Oficial: El presidente celebró la medida en sus redes sociales, afirmando que «no podrán detener el crecimiento que se viene para el país».
¿Qué cambios vuelven a estar vigentes?
Con el levantamiento de la cautelar, vuelven a aplicarse normativas centrales de la reforma laboral 2026:
Indemnizaciones: Se restablece el nuevo tope máximo indemnizatorio (basado en tres veces el salario promedio del CCT) y la posibilidad de implementar el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para sustituir el sistema tradicional.
Jornada y Horas: Vuelve a estar operativa la compensación de horas extraordinarias a través de un banco de horas pactado por escrito entre las partes.
Costas Judiciales: Se activa la regla de que, en juicios considerados desproporcionados con fallo en contra, el trabajador y su abogado deberán pagar las costas del proceso.
La CGT ya ha manifestado que continuará la batalla legal ante la Corte Suprema de Justicia, donde el Gobierno ya había intentado previamente acelerar el trámite mediante un recurso de per saltum.