Por Redacción Judicial | 28 de abril de 2026
La investigación por el presunto fraude millonario en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó hoy un capítulo clave en los tribunales de Comodoro Py. Diego Spagnuolo, extitular del organismo y principal imputado, se presentó ante el juez federal Ariel Lijo, pero optó por negarse a prestar declaración en esta nueva instancia indagatoria.
Spagnuolo, quien ya se encuentra procesado por delitos de cohecho, fraude contra la administración pública y negociaciones incompatibles, encabezó una lista de 29 citados que deberán desfilar por la justicia hasta el próximo 26 de mayo. La causa, impulsada por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez, rastrea el desvío de aproximadamente $75.478.149.019 del erario público favoreciendo a un grupo reducido de empresarios.
Los puntos clave de la jornada
- Silencio estratégico: A diferencia de exposiciones previas donde intentó desvincularse alegando manipulación de audios con Inteligencia Artificial, esta vez Spagnuolo prefirió el silencio tras conocer las nuevas pruebas en su contra.
- Otros implicados: El cronograma de indagatorias continuará con Daniel María Garbellini (ex número dos de la ANDIS) y el presunto lobbista Miguel Ángel Calvete, señalado como pieza clave en el armado de las compulsas de precios direccionadas.
- Medidas cautelares: En sintonía con el avance de la investigación, el juzgado dictó la inhibición general de bienes para los involucrados y sus empresas ante el riesgo de desprendimiento de activos que podrían ser recuperados por el Estado.
El entramado de las «coimas del 3%»
La hipótesis de la justicia sostiene que entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 se montó un sistema de cartelización y sobreprecios en la compra de insumos médicos de alto costo. La investigación se disparó originalmente por la filtración de audios donde se mencionaba un esquema de retornos del 3% sobre cada contrato, dinero que presuntamente se repartía en altas esferas.
Mientras las audiencias se extienden durante las próximas semanas, la Justicia Federal busca determinar si los fondos destinados a las personas más vulnerables terminaron financiando, entre otras cosas, remodelaciones de lujo en propiedades privadas de los exfuncionarios.