Un informe del CEPA revela que desde la asunción de Javier Milei el Sector Público Nacional perdió el 18,4% de su personal. El ajuste impactó con fuerza en empresas públicas, organismos científicos y áreas sociales clave.
Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) advierte que entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025 el Gobierno nacional llevó adelante un recorte sin precedentes en el empleo del Sector Público Nacional. En ese período se perdieron 63.234 puestos de trabajo, lo que representa una caída del 18,4% de la dotación total. En términos concretos, el ajuste equivale a casi 80 despidos por día desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El relevamiento sostiene que la reducción del personal estatal no fue circunstancial sino el resultado de una política sostenida de achicamiento del Estado, con efectos directos sobre las capacidades operativas de organismos, empresas públicas y áreas estratégicas. En valores absolutos, la mayor cantidad de despidos se concentró en las empresas y sociedades del Estado, seguidas por los organismos descentralizados y la administración centralizada. Sin embargo, al analizar el impacto proporcional, el recorte golpeó con más fuerza a la administración central, donde la planta se redujo en más de un 30%, evidenciando un vaciamiento de funciones propias del Poder Ejecutivo.
Entre las empresas públicas más afectadas, el Correo Argentino encabeza el listado con 5.284 trabajadores despedidos, seguido por la Operadora Ferroviaria S.E., con 3.637 cesantías, y el Banco Nación, que registró 2.208 desvinculaciones en un contexto marcado por las definiciones oficiales a favor de su privatización. También se destacan los recortes en Aerolíneas Argentinas, con 1.872 puestos de trabajo eliminados, y en otras firmas vinculadas a servicios esenciales, infraestructura y logística.
El informe subraya además que el ajuste fue particularmente severo en términos proporcionales en la ex Télam, donde se despidió a cerca del 79% del personal, dejando a la agencia nacional de noticias en una situación de virtual desmantelamiento. Casos similares, aunque de menor magnitud, se registraron en ENARSA Patagonia, Educar S.A., la Casa de la Moneda y Contenidos Públicos S.E., todas con reducciones significativas de sus planteles.
En el ámbito de la Administración Pública Nacional, el mayor recorte en números absolutos se produjo en ARCA, con 3.302 puestos eliminados, seguida por el CONICET, que perdió 2.094 trabajadores, y la ANSES, con una reducción de 1.659 empleados, lo que impacta directamente en la atención al público y en la gestión de jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.
El ajuste también alcanzó con fuerza a organismos vinculados a las políticas sociales. El Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales perdió el 64,4% de su planta de personal, la Junta de Seguridad en el Transporte registró una reducción del 47,5%, y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social sufrió un recorte del 44,6%, afectando áreas clave para la articulación territorial, la economía social y la prevención de riesgos.
Según concluye el CEPA, la reducción del empleo público no responde a una estrategia de modernización ni de eficiencia estatal, sino a un repliegue generalizado del Estado en áreas sensibles. El informe advierte que el impacto del ajuste no se limita a la pérdida de puestos de trabajo, sino que compromete la capacidad estatal para garantizar derechos, regular sectores estratégicos y sostener políticas públicas de largo plazo.
Fuente: CEPA