Con un trámite exprés fundado en una supuesta «ansiedad e insomnio» por abstinencia, el juez federal Sebastián Ramos sacó de Ezeiza al extitular de ARSAT para que cumpla prisión preventiva en su lujoso departamento de Palermo. Una resolución insólita que reaviva el debate sobre la doble vara judicial: privilegios para los poderosos y mano dura para los vulnerables.
Por Redacción Página Abierta
Lunes, 27 de julio de 2026
La Justicia Federal argentina volvió a escenificar uno de sus capítulos más vergonzosos de los últimos tiempos. En una resolución dictada por el juez federal subrogante Sebastián Ramos, se le concedió el beneficio del arresto domiciliario a Facundo Leal, exfuncionario de las administraciones de Alberto Fernández y de Javier Milei (al frente de ARSAT y el ORSNA). Leal había sido procesado con prisión preventiva tras encontrársele una fortuna injustificada de más de 2,5 millones de dólares en efectivo, equipos de espionaje clandestino y diversas drogas sintéticas (como ketamina, éxtasis y cocaína) en sus propiedades.
Sin embargo, para los tribunales de Comodoro Py, el dinero sucio y el arsenal de estupefacientes pasaron a un segundo plano ante un diagnóstico conveniente: un cuadro de adicción y «ansiedad por su situación de encierro». Mientras las cárceles comunes se encuentran colmadas de adictos de sectores vulnerables que jamás reciben atención, el «Señor ARSAT» consiguió el traslado inmediato a un piso de alquiler en la exclusiva calle Ortiz de Ocampo, en pleno barrio de Palermo, frente al Parque Las Heras.
Una insólita pirueta jurídica y un «trámite exprés»
La justificación que esgrimieron tanto el juez Ramos como el fiscal Guillermo Marijuán roza el cinismo institucional. Afirmaron que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) no cuenta con las condiciones para brindarle un tratamiento de rehabilitación interdisciplinario. El detalle omitido es que el propio penal de Ezeiza informó formalmente que el área de Salud Mental del complejo sí podía contener y tratar sus síntomas de abstinencia intramuros.
La celeridad con la que se resolvió su reclamo contrasta de manera violenta con el letargo judicial crónico que sufren miles de procesados sin recursos en nuestro país. Tal como denunció públicamente el legislador Rodolfo Tailhade en declaraciones radiales, este beneficio no parece responder a una urgencia médica real, sino más bien a «negociaciones y pactos de silencio» tejidos durante los dos meses que Leal permaneció en una celda. El entramado de corrupción y coimas que se investiga en torno a los sobreprecios y desvíos de fondos en los satélites estatales corre el riesgo de quedar tapado bajo una dócil tobillera electrónica.
¿Justicia para la «alta clase»?
Fuentes de los propios tribunales federales dejaron trascender su indignación por una resolución «pocas veces vista». En los pasillos de Comodoro Py resonó con ironía una pregunta devastadora: ¿Qué pasaría si fuera un consumidor de baja clase?. La respuesta es obvia. Para el eslabón más débil del narcomenudeo no hay psicólogos privados, ni garantes afectivos, ni departamentos frente a pulmones verdes. Para ellos hay pabellones hostiles y abandono estatal.
La resolución que beneficia a Facundo Leal consolida la sospecha popular de que en Argentina la ley no mide a todos con la misma vara. Quien multiplicó su patrimonio de forma obscena en la función pública hoy goza de un retiro dorado bajo el pretexto de una crisis de ansiedad, burlando el reclamo de transparencia de una sociedad profundamente harta de la impunidad corporativa.