La justicia federal dictó el sobreseimiento definitivo del expresidente Mauricio Macri y de los principales exfuncionarios de su equipo económico en la causa penal donde se investigaban presuntas irregularidades, malversación de caudales públicos y defraudación al Estado en la histórica toma del crédito de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.
La resolución generó un fuerte rechazo en sectores de la oposición y de organismos de derechos humanos, no solo por el cierre de la investigación sobre el destino de los millonarios fondos, sino por los nombres detrás del fallo. Los magistrados que firmaron el cierre definitivo son los mismos que en reiteradas oportunidades fueron recusados por sus vínculos de camaradería y partidos de fútbol disputados en la quinta presidencial de Olivos durante el mandato del líder del PRO.
El fallo y el argumento judicial
La resolución judicial determinó que la firma del acuerdo con el organismo multilateral de crédito constituyó una «decisión política no judiciable». Bajo este argumento técnico, los magistrados establecieron que el endeudamiento formó parte de las facultades discrecionales del Poder Ejecutivo de aquel entonces y que las supuestas irregularidades en los procedimientos administrativos previos no configuran un delito penal penalizable.
De esta manera, quedaron liberados de culpa y cargo, además de Macri, el exministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el exministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central, Federico Sturzenegger y Guido Sandleris.
«Olivos F.C.»: Los jueces del fútbol bajo la lupa
El eje de la controversia radica en la composición del tribunal que firmó la sentencia. La querella había solicitado apartar a los jueces alegando una evidente falta de imparcialidad y temor de parcialidad, tras filtrarse los registros de ingresos a la Quinta de Olivos que demostraban que compartían torneos de fútbol senior con el propio investigado.
Entre los magistrados cuestionados por la opinión pública y los equipos jurídicos denunciantes se encuentran:
- Mariano Borinsky: Integrante de la Cámara Federal de Casación Penal, cuyos registros de visitas a Olivos revelaron numerosos encuentros deportivos y reuniones privadas con Macri durante su presidencia.
- Gustavo Hornos: También miembro de Casación, señalado por visitas recurrentes a la Casa Rosada y a la residencia oficial en las mismas fechas en que se tramitaban causas sensibles para el entramado político del macrismo.
- Rodrigo Giménez Uriburu: Juez del Tribunal Oral Federal que integró el equipo de fútbol amateur «Liverpool», el cual disputaba partidos en la quinta de Olivos y compartía ligas con el exmandatario y el fiscal Diego Luciani.
Repercusiones políticas: denuncias de «impunidad»
El peronismo y diversas organizaciones sociales salieron a cruzar con dureza el fallo, catalogándolo como un «escándalo institucional» y una muestra explícita de «Lawfare». Señalaron que el cierre express de la causa de la deuda contrasta de manera directa con el avance de otros procesos judiciales dirigidos hacia dirigentes del espectro nacional y popular.
Desde el entorno de la querella institucional adelantaron que apelarán la medida ante los tribunales internacionales de derechos humanos, argumentando que el vínculo lúdico y social entre los juzgadores y el juzgado rompió cualquier garantía básica del debido proceso en la República Argentina.