Acusan a Bausili de mentir sobre el destino del oro argentino y la AGN confirma que la auditoría está frenada.

La senadora Juliana Di Tullio reveló un informe oficial de la Auditoría General de la Nación que desmiente las declaraciones del presidente del Banco Central. Aseguran que las 13 toneladas de oro siguen en Londres y que el Gobierno demoró más de un año en entregar la información. Habrá ampliación de la denuncia penal.

Por Redacción Página Abierta
Jueves 10 de septiembre de 2026

Una fuerte tormenta política y judicial sacude al Gobierno nacional tras la presentación del presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, ante el plenario de comisiones del Senado. La senadora nacional Juliana Di Tullio acusó formalmente al funcionario de haberle mentido a la Cámara Alta durante su exposición sobre la reforma de la Carta Orgánica de la entidad monetaria.

La grave denuncia de la legisladora opositora se fundamenta en un documento oficial emitido por la Auditoría General de la Nación (AGN), firmado por su titular, Juan Manuel Olmos. El texto contradice de forma directa los argumentos de transparencia y control que Bausili esgrimió ante los senadores, lo que derivará de inmediato en una ampliación de la denuncia penal contra la conducción del BCRA.

La coartada del «oro cara chica»

Durante su interpelación del miércoles, Bausili intentó justificar el masivo envío de lingotes de oro al exterior ocurrido durante el último año. El funcionario alegó que la entidad aprovechó una «ventana de oportunidad» financiera para valorizar activos fijos. En una polémica comparación, equiparó los lingotes antiguos o de menor pureza que poseía el país con los «dólares cara chica», argumentando que la operación consistió en enviarlos al mercado internacional para «convertirlos en oro de mayor calidad» con costos de transacción mínimos.

Sin embargo, el eje del conflicto estalló cuando el titular del BCRA aseguró que los movimientos contaban con el aval y la revisión total de la AGN y de la consultora privada PwC, afirmando además que las reservas se encontraban depositadas y seguras en el BIS (Banco de Pagos Internacionales) en Suiza.

El documento de la AGN que desató el escándalo

Pocas horas después de la sesión, la senadora Di Tullio difundió el informe de respuesta enviado por Juan Manuel Olmos que dinamitó la defensa oficial. La AGN aclaró de forma taxativa dos puntos que exponen al presidente del Banco Central:

  1. La auditoría específica no concluyó: El organismo de control advirtió que la investigación profunda sobre la trazabilidad, costos y seguridad del traslado del oro sigue totalmente abierta y en proceso de análisis. Bausili intentó confundir a los senadores utilizando la aprobación técnica de los «estados contables generales» del balance 2024 como si fuera un visto bueno al envío del oro.
  2. Obstrucción y demoras: La AGN denunció formalmente que el Banco Central implementó trabas burocráticas y mantuvo bajo estricto secreto la documentación reservada, generando una demora de más de un año para permitir el acceso de los auditores a los papeles físicos de la operación.

Asimismo, los datos técnicos cruzados por la oposición revelan que las 13 toneladas de oro despachadas por la gestión actual no se encuentran físicamente en Suiza, sino que permanecen custodiadas en las bóvedas del Bank of England (Londres), vinculadas operativamente a una cuenta del BIS, lo que modifica las condiciones de disponibilidad del activo.

Reservas en la mira y contraofensiva judicial

El manejo de las reservas de oro se ha convertido en una obsesión para la oposición en un contexto de extrema fragilidad cambiaria. De acuerdo a los últimos reportes de la propia autoridad monetaria con fecha al 7 de septiembre de 2026, la Argentina cuenta con un total de reservas en oro equivalentes a US$ 8.611 millones (aproximadamente 61 toneladas de oro fino), por lo que cualquier movimiento irregular impacta de lleno en el patrimonio nacional.

Ante la contundencia del informe de la AGN, los bloques opositores confirmaron que ampliarán la denuncia penal por malversación de caudales públicos y violación de los deberes de funcionario público que ya pesa sobre Bausili. En paralelo, amparados en el reglamento interno del cuerpo, exigirán una nueva citación bajo la Carta Orgánica para que el economista regrese al Senado a responder, esta vez con los documentos en la mano, por las flagrantes contradicciones de su discurso.