El diputado nacional de la Coalición Cívica y expresidente de la comisión investigadora calificó de «vergonzoso» el sobreseimiento de Javier y Karina Milei, denunciando un operativo de impunidad en Comodoro Py.
Por Redacción Página Abierta
El entramado judicial en torno a la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA sumó un capítulo de máxima tensión institucional. El diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) anunció la presentación de una denuncia penal por mal desempeño y encubrimiento contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi y el fiscal Eduardo Taiano, luego de que ambos resolvieran el sobreseimiento exprés del presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros nueve implicados en el expediente.
Ferraro fue tajante al describir el accionar de los magistrados en los tribunales de Comodoro Py como un «operativo y maniobra judicial para consagrar la impunidad» del entorno presidencial. Según el legislador, la resolución configura un «fallo vergonzoso» e «ilegal», considerando inadmisible que en más de un año y medio de investigación ninguno de los once imputados haya sido citado a prestar declaración indagatoria o a responder preguntas elementales.
La crítica de la Coalición Cívica apunta directamente a las arbitrariedades técnicas del dictamen. Ferraro denunció que el juzgado tomó como válidas respuestas escritas enviadas por la Oficina Anticorrupción y la Secretaría General de la Presidencia. En contrapartida, las pruebas aportadas por el propio Ministerio Público Fiscal y los hallazgos de la comisión parlamentaria fueron descartados bajo la insólita justificación de que la información había trascendido previamente en investigaciones periodísticas.
«Esto es una barbaridad. La comisión descubrió parte de la ruta del dinero y custodió información sensible para entregársela a la justicia, pero el fiscal Taiano se rehusaba a recibirla», reveló el legislador. A su vez, el diputado sembró sospechas sobre los magistrados intervinientes, recordando el historial de Taiano en el archivo de causas complejas —como las irregularidades del sistema SIRA— y vinculando los llamativos movimientos del expediente con el reciente ascenso de la esposa de Martínez de Giorgi a jueza federal.
La definición del caso quedó ahora sujeta a un compás de espera de 48 horas, lapso en el que la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver un planteo clave de los querellantes. La oposición aguarda que el tribunal de alzada restituya la participación de las querellas para evitar que el expediente —que investiga delitos de cohecho, tráfico de influencias e infracciones a la Ley de Ética Pública— quede definitivamente sepultado por el blindaje de Comodoro Py.