El Ministro de Infraestructura bonaerense cuestionó duramente los aumentos en el servicio de AySA impulsados por el Gobierno nacional y advirtió sobre el impacto destructivo en los bolsillos de las familias y en el entramado productivo de la provincia.
Por Redacción Página Abierta
El Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, volvió a plantear un firme rechazo a la política de quita de subsidios y aumentos exponenciales en los servicios públicos ejecutada por la administración nacional. En esta oportunidad, el foco del conflicto se centró en el «tarifazo» del servicio de agua potable y saneamiento brindado por la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), un incremento que el funcionario calificó como «desproporcionado, impagable y carente de toda sensibilidad social».
Durante sus últimas intervenciones, Katopodis viene liderando la postura del gobierno provincial —encabezado por Axel Kicillof— en defensa de los usuarios bonaerenses frente a las subas generalizadas en luz, gas y agua. El ministro alertó que el nuevo esquema tarifario condena a miles de familias, clubes de barrio, comercios y pequeñas industrias de los municipios del Conurbano a una situación de asfixia económica extrema.
«El agua es un derecho humano fundamental, no una mercancía que se pueda regular puramente bajo la lógica del mercado o del déficit cero», enfatizó el funcionario de la provincia. En ese sentido, Katopodis cuestionó que los incrementos autorizados por la Nación no tienen ninguna correlación con la evolución de los salarios de los trabajadores ni con los ingresos de los sectores medios, ensanchando la brecha de la pobreza energética y la vulnerabilidad sanitaria.
Desde la cartera de Infraestructura provincial recordaron que estos incrementos en las boletas coinciden, además, con un freno total a la obra pública de expansión de redes de agua y cloacas por parte del Estado nacional. Según Katopodis, el modelo actual plantea un doble castigo para los bonaerenses: por un lado, se pagan tarifas con subas drásticas y, por el otro, se paralizan los proyectos de infraestructura vitales para llevar el servicio a los barrios que todavía no lo tienen.
Ante este escenario, el ministro bonaerense ratificó que continuarán utilizando todas las herramientas políticas, institucionales y legales disponibles para frenar los abusos tarifarios. Esto incluye el acompañamiento a las presentaciones judiciales impulsadas por intendentes de la provincia y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de exigir audiencias públicas transparentes y un esquema de tarifas que respete los principios constitucionales de proporcionalidad, razonabilidad y capacidad de pago de la ciudadanía.