Tras un hábeas corpus preventivo, la magistrada de Lomas de Zamora advirtió que el sistema no posee infraestructura edilicia ni profesional para albergar a menores de 14 y 15 años. Cruce político inmediato con el Ejecutivo nacional.
BUENOS AIRES.— El flamante Régimen Penal Juvenil del gobierno nacional, promulgado y reglamentado mediante decreto presidencial con el objeto de procesar judicialmente a adolescentes a partir de los 14 años, chocó contra su primer gran límite operativo. La magistrada Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, resolvió congelar preventivamente el esquema legal dentro de los límites bonaerenses.
El dictamen hace lugar a un hábeas corpus colectivo interpuesto por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, la cual representa de manera directa a los adolescentes vulnerables que ingresarían al sistema de encierro tradicional bajo la nueva normativa penal.
Los argumentos del bloqueo a la reforma
La resolución de la jueza Pascual no invalida la constitucionalidad técnica de la norma aprobada por el Congreso, sino que apunta directamente a las condiciones materiales deficientes que arrastra la provincia más poblada del país:
- Crisis de alojamiento: Las plazas en los centros cerrados operan al límite de su capacidad. La ampliación automática del universo penal a chicos de 14 y 15 años generará un colapso por sobrepoblación en semanas.
- Déficit institucional: Se detectaron marcadas falencias en el acceso a la educación formal obligatoria, programas de capacitación laboral eficaces y reducción extrema de los tiempos de aislamiento solitario.
- Consecuencias sociales: La jueza remarcó una advertencia tajante al fundamentar que el hacinamiento no pacifica el entorno, sino que eleva la reincidencia.
«Hacinar menores, tarde o temprano incrementa los niveles de inseguridad y violencia (…). Las condiciones de encierro determinan los niveles de violencia con los que egresarán esas personas», enfatizó Pascual en el fallo emitido este lunes.
Plazos de la medida y choque de jurisdicciones
La suspensión cautelar obliga al Ministerio de Seguridad bonaerense, al Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos a mantener intactas las pautas de procesamiento previas de la Ley 22.278 (imputabilidad desde los 16 años) durante dos meses enteros. Asimismo, el juzgado fijó una audiencia de carácter obligatorio para el próximo 16 de septiembre. En la misma, los funcionarios del Ejecutivo comandado por Axel Kicillof deberán detallar la planificación de recursos disponibles para responder a las nuevas exigencias.
La situación en la provincia gobernada por el kirchnerismo contrasta fuertemente con otras jurisdicciones, como Córdoba, donde las autoridades agilizaron la adecuación del Código Procesal local para poner en marcha de inmediato la Ley N° 27.801 de manera plena.
Fuerte respuesta de la Nación
La contraofensiva de la Casa Rosada no se hizo esperar. Ministros del gabinete nacional y legisladores oficialistas salieron a cruzar en duros términos a los magistrados provinciales. Referentes del espacio libertario tildaron el fallo judicial de «maniobra garantista», acusando de forma directa a la dirigencia de la Provincia de Buenos Aires de «ponerse sistemáticamente del lado de los delincuentes en lugar de resguardar a las víctimas» que sufren la inseguridad diaria.
Con la implementación nacional fragmentada y la justicia local exigiendo pisos mínimos de dignidad humana para evitar denuncias y sanciones internacionales, el debate sobre el tratamiento de los menores infractores en Argentina ingresa en un complejo laberinto de disputas legales y presupuestarias.